El covid ha puesto de manifiesto que el tener acceso a internet debería ser un derecho universal en nuestro país, como lo son la sanidad o la educación. 


Propongo que el Estado obligue a todos los operadores de telefonía a dar un servicio mínimo gratuito de wifi (infraestructura + servicio) en todas las viviendas del país donde haya gente empadronada. El servicio básico para que cualquier niño pueda acceder a recursos educativos en remoto y cualquier adulto pueda buscar empleo si lo requiere. Limitado en consumo y regulado por la administración. 


A cambio -para que estos operadores no se vean perjudicados- sugiero que cobren un canon a quien sí se lo pueda permitir: tanto a empresas en función de su consumo de datos, su volumen de negocio y su número de empleados, como a particulares a partir de un determinado nivel de renta, a través del IRPF.


Objetivo: que todo el mundo pueda estar conectado.

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