Reforzar la seguridad jurídica de las empresas, como condición imprescindible para acometer proyectos de inversión, mediante normas técnicamente bien diseñadas y estructuradas, de redacción clara, y que permitan una interpretación homogénea y no cambiante en el tiempo.
Agilizar además la actuación administrativa mediante una eficiente asignación de recursos y las modificaciones normativas necesarias para la simplificación de los procedimientos administrativos.
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