En el lapso de tres meses desde el nacimiento de este programa de “la mesa” hasta el momento, se ha producido el triste fallecimiento de uno de los autores, Jaime Carvajal Hoyos, cuya inteligencia, profesionalidad y conocimiento del sector financiero se demuestran y comprueban en su aportación a este programa. Pero más allá de eso, está la constatación de su altruismo, disponibilidad y generosidad (y también, en su caso y por qué no decirlo, de patriotismo) para ayudar una vez más a todo lo que pudiera ayudar a la sociedad española de lo que, en innumerables ocasiones, he sido testigo.
Desde aquí vaya nuestro agradecimiento y también nuestro más sentido pésame a su familia. Eduardo Serra Rexach.
La búsqueda de la salida de la crisis provocada por el Covid19 nos obliga a pensar en las reformas necesarias para construir un país mejor adaptado a las nuevas realidades a las que nos enfrentamos como sociedad y por lo tanto debemos hacerlo pensando no ya en la próxima legislatura sino en los próximos 20 años.
En ese sentido, una de las claras carencias que tiene nuestro país en términos absolutos pero desde luego en términos relativos, es ahorro institucional que esté adecuadamente incentivado para invertir a largo plazo. Los sistemas de pensiones públicos y privados de los países del resto de Europa casi sin excepción tienen un tamaño y unas regulaciones que no solo permiten sino que casi exigen que los gestores de dichos planes de pensiones inviertan un porcentaje no menor en proyectos de largo plazo, tanto de capital riesgo (incluyendo private equity y venture capital) como de infraestructuras. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, Canadá o Australia pero también en muchos de los países más avanzados de Iberoamérica (Chile, Colombia, Perú).
En España vamos muy por detrás, no solo porque no tenemos un sistema de pensiones público que ahorre e invierta el dinero de todos los ciudadanos en proyectos de largo plazo (tan importantes para mantener una economía competitiva y fomentar el I+D) sino que, además, el poco dinero que hay tiene restricciones regulatorias contrarias a ese objetivo. Así, por ejemplo, los fondos de pensiones individuales deben ofrecer a sus tenedores liquidez diaria lo que reduce mucho la capacidad de los gestores de dichos fondos para invertir en activos ilíquidos como son el capital riesgo o las infraestructuras. Parece absurdo que se exija a un fondo de pensiones liquidez diaria cuando, de media, la expectativa de rescate media es de más bien décadas. Pero es que además estos activos ilíquidos han conseguido históricamente retornos de la inversión a largo plazo mejores que los índices bursátiles, y por tanto su inclusión incrementaría el potencial de pago de las pensiones a largo plazo.
Por tanto, mi propuesta sería doble:
1. Buscar mecanismos para la creación de fondos de pensiones públicos de tamaño relevante que puedan invertir una parte relevante de sus activos en capital riesgo e infraestructuras. Sería necesario para ello que se exigiera la dotación de una pequeña cantidad del salario mensual de todos los trabajadores (a partir de un cierto nivel salarial) que generaría en pocos años un volumen de ahorro suficiente para crear valor. Se podría hacer un fondo por tipología de trabajadores (como es el caso en EEUU y Alemania, por ejemplo, donde los profesores de instituto, los policías, los bomberos, etc. tienen su fondo de pensiones particular). Es una medida que reduciría algo el consumo a corto plazo pero que generaría mucho valor a medio plazo tanto para la economía (con el apoyo a la creación de empresas, la I+D o la mejora de las infraestructuras) como para el pago de las pensiones (por la mayor rentabilidad de los fondos de pensiones a medio plazo).
2. En todo caso, lo que parece perentorio es que el ahorro que hoy por hoy existe tanto en los fondos de pensiones como en las compañías de seguros (las dos principales fuentes potenciales de ahorro con capacidad para invertir a largo plazo) pueda (¡casi deba!) invertir en proyectos de largo plazo, incluyendo sobre todo capital riesgo e infraestructuras. Eso incluye eliminar las exigencias de liquidez de los fondos de pensiones pero también otra serie de medidas para asegurar que, con los debidos controles, se permite que dichas inversiones sean vistas con cierta normalidad por los dos grupos de inversores, como es el caso en los países más avanzados de nuestro entorno.
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